El Pleno del Congreso de los Diputados ha reincorporado este martes a su orden del día la tramitación de la ley de vivienda pública, un expediente que llevaba semanas en el cajón mientras los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla elevaban la presión con manifestaciones y declaraciones conjuntas. La sesión no ha resuelto el fondo del asunto, pero ha dejado claro que el debate ha vuelto al centro del escenario político nacional.

La propuesta en discusión contempla un incremento del stock de vivienda protegida en un 15 % en los próximos cinco años, con financiación mixta entre el Estado y las comunidades autónomas. El texto original, presentado en febrero, establecía que las autonomías debían asumir el 40 % del coste de las nuevas promociones. Varias enmiendas presentadas esta semana buscan reducir esa cifra al 30 % o vincularla a indicadores de renta media territorial.

Enmiendas y posiciones

El grupo parlamentario que apoya al Gobierno ha defendido mantener el reparto actual, argumentando que sin compromiso autonómico las promociones se estancarían en papel. La oposición, por su parte, insiste en que muchas comunidades ya arrastran déficits presupuestarios que les impiden asumir nuevos gastos en vivienda sin recortar sanidad o educación.

«No se trata de decir sí o no a la vivienda pública. Se trata de quién paga y con qué plazos», resumió un portavoz autonómico consultado por esta redacción.

Entre las enmiendas más discutidas figura la que propone crear un fondo estatal de compensación para municipios con más del 20 % de población en situación de sobreendeudamiento habitacional. Otra enmienda, de signo distinto, sugiere que las viviendas protegidas construidas con fondos estatales deban permanecer en el parque público al menos 50 años antes de poder transferirse al mercado libre.

Lo que dicen los ayuntamientos

La Federación Española de Municipios y Provincias ha enviado un escrito al Congreso reclamando que se reconozca explícitamente la competencia municipal en la gestión del suelo y la licencia urbanística. Según el documento, al menos 87 ayuntamientos han identificado parcelas públicas disponibles para promociones de vivienda asequible, pero carecen de financiación para acometer las obras.

En Barcelona, el consistorio ha ofrecido ceder terrenos municipales a cambio de que el Estado cofinancie la construcción. En Madrid, el debate se centra en la regeneración de barrios periféricos donde el parque público representa menos del 8 % del total de viviendas. Valencia y Sevilla han pedido criterios diferenciados para ciudades medias, donde la presión del alquiler turístico ha reducido la oferta de larga duración.

Contexto y próximos pasos

España cuenta actualmente con un parque de vivienda pública que representa aproximadamente el 2,5 % del total de hogares, una cifra muy inferior a la media europea. Informes del Ministerio de Vivienda sitúan el déficit de vivienda asequible en torno a 600.000 unidades, aunque las estimaciones varían según la fuente y el criterio de asequibilidad aplicado.

La comisión correspondiente tiene previsto votar las enmiendas la próxima semana. Si el texto supera esa fase, podría llegar al Pleno antes del receso estival. Mientras tanto, asociaciones de inquilinos y cooperativas de vivienda han convocado una concentración ante el Congreso para el viernes.

Para entender cómo este debate se conecta con las finanzas autonómicas, conviene leer el análisis sobre el nuevo marco de financiación acordado entre comunidades autónomas, publicado ayer en estas páginas.