El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha cerrado un borrador de acuerdo que modifica el sistema de financiación autonómica vigente desde 2021. La reunión, celebrada el lunes en Madrid, ha durado más de seis horas y ha concluido con un texto que deberá ratificarse en las Cortes Generales antes de fin de año. No es un pacto cerrado: Cataluña, el País Vasco y Navarra mantienen reservas sobre la cláusula de revisión.
El documento introduce tres cambios principales. En primer lugar, incrementa el peso del criterio demográfico en la distribución de recursos, lo que beneficia a Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. En segundo lugar, establece un mecanismo de compensación para comunidades con menor renta per cápita. En tercer lugar, fija una revisión obligatoria cada cuatro años en lugar de los cinco previstos en el marco anterior.
Las cuentas del reparto
Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda incluidas en el borrador, el nuevo sistema redistribuiría aproximadamente 2.800 millones de euros adicionales hacia el sur y el este peninsular en un horizonte de tres ejercicios presupuestarios. Cataluña y Madrid verían reducida su participación relativa, aunque en términos absolutos los recursos no disminuirían debido al crecimiento global de la recaudación.
«Hemos conseguido un acuerdo imperfecto, pero funcional. Nadie sale del todo satisfecho, y eso suele ser señal de que el reparto es razonablemente equilibrado», declaró un consejero de Hacienda andaluz al término de la sesión.
El País Vasco ha expresado su rechazo a la cláusula de revisión cuatrienal, argumentando que el concierto económico vigente no debería someterse a renegociaciones periódicas con el mismo calendario que el régimen común. Navarra ha planteado una posición similar. El Gobierno central ha ofrecido una mesa de trabajo bilateral para abordar esas reservas sin bloquear la tramitación del acuerdo general.
Impacto en servicios públicos
La financiación autonómica no es un debate abstracto: determina cuánto pueden gastar las comunidades en sanidad, educación, dependencia e infraestructuras. Consejeros de varias autonomías han advertido de que, incluso con el nuevo reparto, el gasto sanitario per cápita seguirá siendo desigual entre territorios debido a diferencias en envejecimiento poblacional y costes de personal.
En educación, el borrador incluye un apartado específico para financiar la digitalización de aulas en municipios de menos de 20.000 habitantes. En dependencia, se mantiene el compromiso de cofinanciación estatal del 50 %, pero se introduce un calendario de desembolsos trimestrales para evitar retrasos acumulados como los registrados en 2024 y 2025.
Reacciones y calendario
La CEOE ha pedido estabilidad fiscal y ha advertido de que las revisiones frecuentes generan incertidumbre para la inversión. Los sindicatos, por su parte, han reclamado que el incremento de recursos se traduzca en refuerzo de plantillas sanitarias y no solo en infraestructura.
El acuerdo deberá tramitarse como proyecto de ley ordinaria. Si el calendario parlamentario no sufre retrasos, podría entrar en vigor el 1 de enero de 2027. Mientras tanto, las comunidades aplicarán el sistema actual con una actualización de los coeficientes de población que el Consejo ha aprobado de forma provisional.
Este reparto de fondos condiciona directamente las políticas de vivienda que el Congreso debate esta semana. En nuestro reportaje sobre vivienda pública explicamos cómo las enmiendas parlamentarias dependen de la capacidad financiera de cada autonomía.
